El ministro de justicia, en la encrucijada

Alberto Ruiz-Gallardón autorizó en 2007, siendo alcalde de Madrid, pagos a Iñaki Urdangarín y su Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) por importe de hasta 12.000 euros mensuales durante un periodo de al menos dos años por trabajos ficticios. Los abonos al yerno del Rey se hicieron a través de la Fundación Madrid 2016, impulsada por Gallardón para promocionar la frustrada candidatura de la capital como sede de los Juegos Olímpicos, y fueron camuflados como "donaciones" para evitar que Urdangarín tributara por esas cantidades.

La FDCIS, fundada en 2007 por Urdangarín y su exsocio, Diego Torres, para atender a niños discapacitados y enfermos, pero que en realidad sirvió para desviar a paraísos fiscales una parte de los más de 15 millones de euros captados por el Instituto Nóos, firmó ese mismo año un convenio de colaboración con la Fundación Madrid 2016, encabezada por Gallardón, para "impulsar la utilización del deporte como herramienta de integración social de colectivos desfavorecidos". Pero el duque de Palma, según un escrito de la Fiscalía Anticorrupción remitido al juez José Castro al que ha tenido acceso El Confidencial, se embolsó más de 120.000 euros a cambio de nada.

Según ese escrito, incorporado al sumario del caso Urdangarín, la exconsejera delegada del proyecto olímpico, Mercedes Coghen, subordinada de Ruiz-Gallardón en Madrid 2016 y muy cercana al actual ministro de Justicia, autorizó el pago a la FDCIS, sucesora del Instituto Nóos, de 18 mensualidades de entre 6.000 y 12.000 euros mediante transferencias bancarias en concepto de "donaciones". Los pagos se hicieron entre el 31 de octubre de 2007 y el 24 de noviembre de 2009, cuando el yerno de don Juan Carlos y su esposa, la infanta Cristina de Borbón, residían en Washington con sus cuatro hijos.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se abrió a raíz de la documentación remitida por el concejal de Las Artes del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Villalonga, hombre de la máxima confianza de la actual alcaldesa, Ana Botella. Villalonga remitió a la Fiscalía General del Estado -y esta a Anticorrupción- el pasado 29 de enero toda la documentación que obraba en su departamento sobre el convenio de colaboración suscrito entre la FDCIS de Urdangarín y Madrid 2016, tras ser alertado de las graves irregularidades del mismo por la actual concejala de Deportes, Patricia Lázaro.