martes, 27 de septiembre de 2011

27/09/11: Siete detenidos en Ronda por corrupción inmobiliaria

El exalcalde de Ronda (Málaga), Antonio Marín Lara (PSOE), ha sido detenido como presunto autor un delito de corrupción urbanística en el municipio, según fuentes cercanas a la investigación, que no descartan nuevas detenciones. Agentes de la Policía Nacional llevan registrando tanto la sede del Consistorio como la delegación de Urbanismo desde primeras horas de la mañana. Se trata de una investigación por presunta corrupción urbanística. La causa ya se encuentra judicializada y desde hace al menos un año la Fiscalía Anticorrupción está investigando determinadas operaciones urbanísticas.

Según ha afirmado la actual alcaldesa del municipio, María Paz Fernández(PP), las actuaciones están relacionadas con el equipo de gobierno anterior. De hecho, ha informado de que los registros comenzaron a realizarse en los despachos del este detenido, así como del ex primer teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro; la exdelegada municipal de Obras, María José Martín de Haro, y el exdelegado de Seguridad, Rafael Lara. Los tres han sido detenidos juntos a otras tres personas de las que todavía se desconoce su identidad.

Los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación. Los agentes de la Policía judicial han llegado a las nueve de esta mañana con un auto que les autorizaba la entrada en las dependencias municipales rondeñas y el registro de las mismas. La Policía mantiene acordonadas las sedes del Ayuntamiento y de Urbanismo y no permite ni entrar ni salir a los trabajadores municipales. El ex alcalde rondeño Martín Lara pertenecía originalmente al PA pero se pasó a las filas del PSOE en junio de 2009.

Los escándalos urbanísticos en el municipio rondeño vienen de antiguo. En el año 2007, la Fiscalía General del Estado, a través de su sala dedicada a los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, se interesó por la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga sobre el complejo urbanístico de Los Merinos, en Ronda. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido envió una carta al entonces parlamentario andaluz por IU Antonio Romero en la que se le informaba de que la sala ha pedido "información sobre el estado de las diligencias de investigación" así como "sobre la procedencia de instar medidas cautelares" sobre el proyecto, que incluye 797 villas de lujo, tres hoteles de cinco estrellas y dos campos de golf en las inmediaciones de la Sierra de las Nieves, un paraje protegido por la Unesco.

IU denunció varias veces en la Audiencia de Málaga la polémica macrourbanización. La coalición acusó al alcalde, Antonio María Marín Lara, entonces en el Partido Andalucista y luego ‘fichado’ por el PSOE, de delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente por "permitir y amparar la continuación de las obras ilegales". (Fuente: El confidencial)

sábado, 17 de septiembre de 2011

16/09/11: Debilidad en la Guardia Civil

Desaparición del dinero requisado a los detenidos, destrucción y alteración de atestados, cocaína confiscada que se sustituye por otra sustancia inocua... Una investigación judicial ha destapado esta supuesta trama de corrupción policial cuyo escenario era el cuartel de la Guardia Civil de Ibi (Alicante). Cuatro de los agentes adscritos al puesto -dos sargentos, un cabo y un guardia- han sido detenidos e imputados por falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, una falta apropiación indebida e infidelidad en la custodia de documento público.

El juzgado de Ibi que ha investigado este asunto ha cerrado ya la fase de instrucción y ha dado traslado a las defensas, la acusación particular y la Fiscalía para que presenten sus escritos de calificación de los hechos.

En el auto de transformación en procedimiento abreviado, donde el juez recopila los indicios contra los imputados, se recogen hasta cinco hechos delictivos supuestamente cometidos por estos agentes. Así, se hace referencia a la incautación, en marzo de 2010, de 325 euros que llevaban encima dos personas que fueron detenidas. La intervención de esta cantidad en metálico se hizo constar en las diligencias de la Policía Local y en el atestado que inicialmente redactó la Guardia Civil.
Entonces, uno de los imputados, el sargento que ocupaba entonces el cargo de comandante de puesto interino, «tras descalificar las diligencias de la Policía Local rompió las mismas, y por ello al juzgado se remitió un atestado que no contemplaba las actuaciones elaborados por dicho cuerpo».
Además, otro de los presuntos guardias corruptos, un cabo que estaba de jefe accidental del área de investigación, «pidió a los agentes que tenían que confeccionar el atestado que no reflejasen el dinero intervenido, ya que este podría venirle bien al puesto». Según relata el auto, «ante el asombro de la agente requerida», el comandante accidental «comentó que hiciese lo que considerase oportuno».
Así, aunque en las actuaciones originales de la Guardia Civil se reflejó el dinero intervenido, «se sustituyeron las mismas para incorporar otras que silenciaran que entre los efectos personales de los detenidos hubiese cuantía monetaria alguna». Cuando los dos arrestados quedaron en libertad, uno de ellos echó en falta 300 euros entre los efectos personales que le devolvieron, y nadie fue capaz de explicar qué había pasado con el dinero. Dos meses después, esa cantidad fue ingresada en la cuenta del juzgado.

Uno de los imputados es el guardia que actuó como secretario del atestado y supuestamente «validó la copia manipulada». Por su parte, el juez también considera responsable de omisión del deber de perseguir delitos a la agente que «conoció las irregularidades relatadas y no procedió a denunciar los hechos».

Otro de los supuestos hechos delictivos por los que se les juzgará es la desaparición de una papelina de 'coca'. Supuestamente, el cabo investigado se dirigió a los baños con ella y después apareció sin contenido alguno. Cuando uno de los agentes del cuartel se dio cuenta y avisó a sus superiores, el propio cabo «se encargó de incorporar una bolsa distinta, que posteriormente se acreditó que no tenía sustancia estupefaciente». El sospechoso confesó haber rellenado la papelina, pero argumentó que la droga se había perdido y lo hizo para que nadie se diera cuenta. El juez considera que pudo incurrir en infidelidad en la custodia de documentos. ( Fuente: Las Provincias)

jueves, 1 de septiembre de 2011

01/09/11: Introducción a la subvención

“Consideramos al proyecto a priori como elegible, en nuestras ayudas, y deseamos a sus promotores todo el éxito del mundo, por el bien de nuestro empleo, nuestra economía y nuestro medio ambiente”. Así remató Juan Tomás Hernani,secretario general de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación y presidente del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), una carta con membrete oficial dirigida a Andrés Bäcker, de la empresa Sustainable Reference S.L.. Después, esta compañía pidió y consiguió financiación del organismo que preside el propio Hernani. El CDTI, dependiente del Ministerio que dirige Cristina Garmendia, se dedica a apoyar económicamente proyectos relacionados con la innovación tecnológica, el I+D+i. Este año tiene un presupuesto de 1.400 millones de euros.

El funcionario encargado de la evaluación de las solicitudes debió quedarse perplejo cuando se topó, en la solicitud cursada por Sustainable Reference S.L., con la citada carta de recomendación firmada por el mismísimo presidente del CDTI, su jefe y alto cargo del Ministerio de Ciencia, quien aseguraba que “tras haber mantenido una reunión de análisis, me complace afirmar que la economía verde es uno de los ejes de nuestra Estrategia Nacional de Innovación, y que el proyecto de Sustainable Reference S.L. es un claro ejemplo de la cultura de emprendizaje (sic) y creación de valor que el Ministerio promueve”.

El Comité de empresa del CDTI envió una nota a trabajadores y directivos en la que calificaba esta carta de recomendación como “un trato de favor inaceptable del secretario general de Innovación hacia una empresa”. El código ético del organismo público refleja en su artículo 3.1.1. que “se evitará cualquier clase de interferencia o influencia de empresas, entidades, proveedores o terceros que pueda alterar la imparcialidad y la objetividad profesional de los trabajadores del CDTI”.

Lo más rocambolesco es que Juan Tomás Hernani, hombre de confianza de la ministra Cristina Garmendia y con atribuciones propias de secretario de Estado, contraatacó con un correo al director general del CDTI, Arturo Azcorra, al que ha tenido acceso El Confidencial. Hernani daba instrucciones: “Quiero que transmitas a las partes implicadas en tu equipo que no deben admitir ningún tipo de presión o influencia en la decisión de los proyectos. Es un tema tan importante que no pueden haber medias tintas”.

Pese al revuelo que se armó, finalmente, en enero de este año, el CDTI aprobó el proyecto presentado por Sustainable Reference, después de que los técnicos consideraran que encajaba en los fines de esta institución. Pese a que los importes no son públicos, El Confidencial ha podido saber que se trata de un proyecto de 591.000 euros, de los que el organismo público aporta 350.000 en un crédito a interés cero reembolsable en varios años y otros 5.000 a fondo perdido. El resto del coste del proyecto lo tiene que asumir la empresa.